Por Leandro Crivaro. Socio. 

En las actuaciones administrativas “Tecpetrol S.A.”, número 2360-0117387/2014, de trámite ante el Tribunal Fiscal local, se resolvió con fecha 6 de abril de 2021 hacer lugar al recurso de apelación deducido por la compañía mencionada, contra la Disposición Delegada SEFSC N° 482 del 1° de junio de 2017 (Departamento Relatoría ll de ARBA), y se declararon prescriptas las acciones para determinar de oficio las obligaciones perseguidas, así como para aplicar la sanción establecida en el auto impugnado.

En cuanto al momento específico del cómputo del plazo de prescripción liberatoria, través del voto de la Dra. Laura C. Ceniceros, el órgano sostuvo que “Corresponde computar el inicio del plazo prescriptivo de cinco años a partir de la fecha de vencimiento de la Declaración Jurada Anual y (ii) considerar como primera causal de suspensión el requerimiento efectuado mediante la notificación de las diferencias. Respecto del primer aspecto, ello encuentra asidero en que…”la base imponible del tributo está compuesta por los “ingresos brutos devengados durante el período fiscal”, siendo el mismo el “año calendario” … El hecho de que la ley disponga la presentación de declaraciones juradas...no revierte esa condición...Debe tomarse como causal de suspensión del plazo de prescripción el primer requerimiento que la administración tributaria realiza a los contribuyentes una vez iniciado ese proceso de determinación impositiva, circunstancia esta última que suspende el curso del plazo en cuestión, el cual es de (6) meses, en los términos y con el alcance previsto en el actual art. 2.541 del Código Civil y Comercial de la Nación (Ley 26.994)".

Asimismo, continúa dicho pronunciamiento en esa sección aclarando que "...Debe ponderarse asimismo que una vez dictada y notificada la resolución determinativa y presentada la o las piezas recursivas dentro del plazo legal, opera el art. 2550 del nuevo Código Civil Citado", es decir, la disposición que rige la dispensa de la prescripción ya cumplida al titular de la acción.

De este modo, se sostiene la doctrina legal “Filcrosa” y relacionadas a esta temática, aunque el Tribunal, a través del voto del Dr. Ángel Carballal, hace marcados reparos a ella refiriendo que, aceptándola, “…Se termina aceptando la idea de considerar al Código Civil y no a la Constitución Nacional, como fuente de facultades locales para legislar en materias sustantivas tributarias, produciendo la pérdida, no solo de su autonomía sino más bien de buena parte de su contenido en manos de una rama jurídica con objetivos, fudnamentos, principios y normas totalmente ajenas”.

Con este pronunciamiento, se sigue el criterio también desarrollado en el antecedente de la SCBA de la Causa A73.474 "Fisco c/ Necotrans S.A.", ratificándose su doctrina legal y la del Máximo Tribunal Nacional sobre el cómputo de la prescripción del plazo de exigencia de cobro de estos tributos, confirmando una vez más que se aplica el Código Civil y Comercial de la Nación por sobre la normativa provincial.