Por Natalí Zamora.

  1. Introducción

En el mes de Septiembre de 2020 la SCBA se pronuncia en la causa L. 122.532, "Papalia, Marcos Sebastián contra MTI (Mantenimiento Técnico Integral) S.R.L. y otros. Accidente de trabajo -acción especial", tramitando el mismo ante el Tribunal de Trabajo N° 2 del Departamento Judicial de La Plata, quién hizo lugar parcialmente a su demanda. Asimismo y atento a la base utilizada para el cálculo de los rubros, la parte actora procede a interponer Recurso de Inaplicabilidad de Ley ante la Suprema Corte de Justicia de la Provincia de Buenos Aires.

  1. Marco fáctico y procesal

En el año 2008 el Sr. Papalia se encontraba prestando tareas bajo el mando de Mantenimiento Técnico Integral (MIT) S.R.L., cuando, al momento de proceder a realizar una soldadura sobre un tambor de 200 litros utilizado caseramente como caballete el mismo explota generándole múltiples quemaduras, lesiones y estrés postraumático, lo que significarían una incapacidad médica probada del 71,76% (conf. índice de la total obrera).

Frente a dicho suceso, procede a iniciar acción común contra Mantenimiento Técnico Integral y CNA Aseguradora de Riesgos del Trabajo SA, por las secuelas generadas por el accidente laboral sufrido procurando una indemnización integral de los rubros.

El Tribunal de Trabajo N°2 de la Plata, entendió configurados los presupuestos de atribución de responsabilidad subjetiva y objetiva, por cuanto condenó a las demandadas al pago de una indemnización por lucro cesante, daño moral, integridad psicofísica y pérdida de chance.

Asimismo, el actor resuelve interponer Recurso de Inaplicabilidad de Ley contra la sentencia de grado por entender que;

  1. I. El Tribunal utiliza una base salarial errónea y contraria a la doctrina legal vigente. Así es que plantea que el órgano de grado yerra al utilizar la causa “Vuotto” como basamento para el cálculo del lucro cesante, toda vez que a través de dicha doctrina no se contemplan otros aspectos de la vida del trabajador, hecho que ha sido ratificado por la Corte Suprema de Justicia de la Nación en la causa “Arostegui”, en donde se ha estipulado que la aplicación de la causa mencionada implicaría apartarse completamente del régimen de la reparación integral.

Agrega el actor que a través de la Sala III de la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo en la sentencia “MENDEZ C/ MYLBA” (sent. De 24-IV-2008) se ideó un cálculo orientativo denominado “salario estabilizador promedio” y que empece a encontrarse vigente, el Tribunal optó por la aplicación de una causa por demás reduccionista, en donde se congela el salario de base al momento del accidente sufrido. 

  1. II. Asimismo, funda su agravio en la procedencia de la falta de legitimación pasiva interpuesta por el Sr Mario Cardone.
  • III. Se agravia frente al decisorio de declarar improcedente el rubro de daño estético;
  1. IV. Por no haber declarado la inconstitucionalidad de la aplicación de la Ley 24.432 entendiéndola el accionante contraria al art 505 del antiguo Código Velezano y;
  2. V. Por la negativa del tribunal de grado de proceder a la actualización de los rubros indemnizatorios.

Ahora bien, la Suprema Corte de Justicia de la Provincia de Buenos Aires, entiende -por voto mayoritario- procedente, aunque en forma parcial, el recurso de inaplicabilidad de ley interpuesto por el Sr. Papalia.

  1. La SCBA ratifica la doctrina vigente del régimen que establece la “Reparación Integral o Plena” en materia de infortunios laborales conforme la causa L. 119.914. Y confirma el basto criterio del “Realismo Económico”.

En dicho sentido, la SCBA, por voto mayoritario recepta el RIL interpuesto, pero solo en cuanto al agravio expresado por el actor frente a la base de cálculo que utiliza el Tribunal de Trabajo N° 2 de La Plata para determinar el monto indemnizatorio del lucro cesante.

Es así que, a través del voto de la Doctora Kogan, se ha dejado plasmado que, si bien los jueces de grado poseen la potestad privativa de determinar el quantum indemnizatorio en base a la valoración de las pruebas que entienden pertinentes  en virtud a las facultades discrecionales de los mismos, en el caso de autos el actor logró demostrar a través del recurso interpuesto que, la sentencia contrariaba la doctrinal legal vigente  que establece el principio de reparación integral de los daños.

Así es que en la reciente causa L. 119.914 “Aguiar” sentencia del 22-IV-2020  a través del voto del Doctor Soria, se estableció que el principio de reparación integral es un principio notable del sistema de reparación civil que encuentra su principal fundamento en la Constitucional Nacional y que ninguna reparación sería integral si el resarcimiento, producto de la utilización de las facultades discrecionales de los jueces de grado, resulta insignificante en relación al daño que ha de repararse.

Asimismo, la SCBA cita un voto del Dr. Lorenzetti quien en pocas palabras determina que la reparación debe ser plena en el sentido de que, alcance el estándar de una tutela efectiva frente al daño injustamente sufrido y en lo que respecta al quantum represente una congruencia con la entidad del perjuicio acreditado. (Fallo 314:726 cons. 40; 316:1949 cons. 4; 335:2333 cons. 20)

Es así que, lo que en un principio naciera como doctrina y jurisprudencia hoy encuentra expreso sustento normativo en el Art. 1740 y 1746 del Código Civil y Comercial de la Nación, que si bien se aclara no son de aplicación al caso en concreto -por resultar este anterior-, fue creación jurisprudencial que luego se receptó en la normativa vigente.

Ahora bien, a través del voto mayoritario de la SCBA y amen de resultar una distinción por demás consolidada, en el caso de autos se entendió pertinente aclarar que para el cálculo de la base indemnizatoria debe distinguirse entre “deuda en dinero” y “deudas de valor”.

Conforme el artículo 772 del CC y C. para cuantificar una deuda, si esta consiste en cierto valor, el monto debe referirse al valor real al momento que corresponda tomar en cuenta para la evaluación de la deuda, adoptándose de esta manera el criterio del realismo económico.

Por lo expuesto es que, nuestro más Alto Tribunal entiende que en el caso en estudio no se han respetado ni el principio de reparación integral o plena ni el de realismo económico, toda vez que se toma para la base del cálculo el que se percibiera al momento del accidente, año 2008 siendo la sentencia del año 2016.

Ahora bien, en disidencia emite su voto el Dr. Genoud, quien rechaza en todos sus términos el RIL interpuesto por considerar que el actor al cuestionar la base del cálculo indemnizatoria utilizada por el tribunal de grado introduce argumentaciones novedosas por cuanto resuelve que es basta la jurisprudencia que prohíbe la procedencia de estas vías procesales en dichos supuestos.

                      En lo que respecta a los demás agravios, por unanimidad los Magistrados han entendido que el actor no ha logrado probar fehacientemente el agravio causado y/o sufrido mediante la resolución del Tribunal de Trabajo N° 2 por lo que han sido rechazados.

  1. Conclusión y cierre:

La SCBA ratifica la basta jurisprudencia sentada en cuanto a la necesidad de reparaciones integrales en materia de accidentes laborales, hechos que si bien luego de la entrada en vigencia del Código Civil y Comercial de la Nación a través del art. 1740 y 1746 echa por tierra toda duda, dicha aplicación se hace extensiva a los supuestos configurados previo al 2015 gracias a la consolidada doctrina y jurisprudencia que determinan que la reparación plena consiste en la restitución de la situación del reclamante al estado anterior al hecho dañoso.

En consonancia con ello, se reafirma dicho principio con la doctrina de la realidad económica actualmente consagrada en el art. 772 del Cod. Civ y Com de la Nación.