Por Manuel Larrondo. Abogado, Socio Estudio Portela SPA.

I.- Introducción.

En Agosto 2020 la Suprema Corte de Justicia de Bs.As. se expidió en las causa “C. 121.032, "Lombardo, Héctor contra Micro Ómnibus Quilmes S.A. y otro. Daños y perjuicios" y su acumulada "Olivera, Andrea Francisca Elba contra Micro Ómnibus Quilmes y otro. Daños y perjuicios" sobre dos temas trascendentales: 

-Alcances del principio de personalidad recursiva: ¿Puede beneficiarse un co-reclamante de la apelación que interpuso otro? y

-Tasa de interés pasiva aplicable.  

Previo a analizar estos dos temas, referiremos sintéticamente el marco fáctico y procesal que motivó la sentencia del Máximo Tribunal Pcial.

II.- Marco fáctico y procesal.

La Sala II de la Cámara de Apelación en lo Civil y Comercial del Departamento Judicial de Lomas de Zamora hizo lugar a la demanda en virtud de los daños y perjuicios sufridos producto del accidente de tránsito que padecieron los actores el día 15 de junio de 2007.

Ambas causas tramitaron de forma separada, es decir, los accionantes no conformaron un “litisconsorcio stricto sensu” sino que cada parte actuó con su patrocinio letrado en procesos independientes y cada uno se agravió por separado de las cuantificaciones resarcitorias de varios de los rubros fijados por el decisorio de grado.

Sin embargo, fue solamente la Sra Olivera quien solicitó en su apelación que se aplicase la tasa que paga el Banco de la Provincia de Buenos Aires para plazo fijo digital a treinta días. El Sr. Lombardo guardó absoluto silencio sobre el punto.

Fue así entonces que, pese a la ausencia de agravio de parte del Sr. Lombardo sobre ese ítem, la Alzada igualmente ordenó que se aplique para ambos actores la tasa de interés que paga el Banco de la Provincia de Buenos Aires en sus operaciones de depósito a plazo fijo digital a treinta días.

El quid del tema no es menor visto desde el punto de vista de las consecuencias económicas que implicaba la sentencia de la Alzada. En efecto, el fallo de 2º instancia hizo extensiva la aplicación de una tasa de interés a favor de uno los actores (Sr. Lombardo) que no se agravió de aquella otra que fijó la sentencia de grado y, por ende, modificaba el monto indemnizatorio final y total.

Al interponer los codemandados sendos recursos de inaplicabilidad de ley impugnando la extensión de la “personalidad del recurso”, la Suprema Corte se abocó a desentrañar el siguiente interrogante central: ¿Es acorde a la ley que los agravios planteados por una parte beneficien a la otra que guardó absoluto silencio? ¿Cuáles son los alcances del principio de “personalidad recursiva”?

II.- Alcances del principio de personalidad recursiva. Falta de configuración del litisconsorcio activo stricto sensu.

La SCBA al tratar este tema ha sostenido en la causa C. 96.831, "Ocon" (sent. de 14-IV-2010), por mayoría, que frente al caso de las denominadas obligaciones "concurrentes o conexas", si la cuestión fue únicamente controvertida por una de las partes obligadas y consentida por la otra al no recurrir la sentencia del Tribunal de Alzada, los efectos de la sentencia que revoca el fallo de grado deben también ser extendidos al demandado que no recurrió el mérito de lo decidido.

Recordó así que "...lo que esencialmente caracteriza a este tipo de 'obligaciones conexas o in solidum' es que varias personas adeuden al acreedor la misma prestación sin ocupar, ni por contrato ni por ley, la posición de deudores solidarios o, como expresa Llambías, que tienen un mismo objeto, aunque diversidad de causa y de deudor ('Tratado de Derecho Civil', 'Obligaciones', Ed. Perrot, Bs. As., 1970, t.II, nº 1287, pág. 594) (conf. Ac. 62.638, "Retondini", sent. del 31-III-1998, por mayoría en 'D.J.B.A.', 154-349)".

La lógica de este razonamiento se desprende en que "por tener identidad de objeto, el contenido económico de la obligación no puede ser más que uno (conf. Ac. 51.687, 'Meza de Ocampo', sent. del 1-X-1996; entre otras), en tanto todo objeto debe ser igual a sí mismo y una cosa no puede ser y no ser al mismo tiempo. Si se concibiera la posibilidad de que alguno de los codemandados fuera condenado en distinta magnitud, desaparecería el sustrato caracterizante de este tipo de obligaciones (conf. mayoría en Ac. 62.638 cit.; Ac. 77.960, 'Monteagudo', sent. del 14-VI-2006).

Ahora bien, contrariamente a lo resuelto por la Alzada, el Máximo Tribunal Provincial consideró que esta doctrina fue erróneamente aplicada por el fallo de Cámara(conf. doctr. art. 289, CPCC).

En efecto, remarcó la SCBA que este tópico -con fuerte anclaje en una visión privatista del proceso-se vincula con la plena vigencia del sistema dispositivo, en virtud del cual cada parte es dueña de sus actos procesales y puede disponer según su propio interés; en el caso, consentir o impugnar una decisión judicial (Falcón, Enrique M.; Tratado de Derecho Procesal Civil y Comercial, 1ra. Edición, Tomo VIII, Rubinzal-Culzoni, Santa Fe, 2009, pág. 220).

En el presente caso, el Sr. Lombardo consintió la sentencia de primera instancia pese a que tenía la opción de apelarla y no lo hizo.

Por otra parte, remarcó la SCBA que “nada excluye en derecho la posibilidad de dos sentencias contradictorias; las propias evoluciones de la jurisprudencia demuestran que este riesgo es connatural con el concepto de cosa juzgada.”

Y la tercera razón que invoca fluye del principio de la apelación en tanto el tribunal no tiene más poderes que los que le ha asignado el recurso introducido (Couture, Eduardo J.; Fundamentos del Derecho Procesal Civil, 4ta. Reimpresión, B. de F., Montevideo-Buenos Aires, 2004, pág. 301)

De esta manera, entendió la mayoría de la SCBA que si bien este caso se encuentra dentro del campo de las obligaciones, la diferencia radica en:

  1. La faz activa de las mismas, esto es, los acreedores;
  2. En segundo término -y tal vez el más relevante- que en el caso no se configuró un litisconsorcio activo stricto sensu ya que, reiteramos, la Sra Olivera y el Sr Lombardo realizaron su propio reclamo contra idénticos sujetos pero de forma independiente, esto es, en demandas separadas;
  3. Ergo, mal puede considerarse que en la especie debían extenderse los efectos del fallo recurrido al co-reclamante que se conformó con una determinada tasa de interés -señor Lombardo- ya que al apelar no sometió a revisión de la Cámara su agravio a la aplicación de la tasa de interés establecida por el juez de grado.

Es por eso que concluye en que es posible que en un proceso se obtengan dos pronunciamientos contradictorios, emanados de instancias diversas e igualmente válidos en relación a sujetos distintos, pero ello no puede ser motivo de escándalo, porque precisamente éste es el alcance conocido -y bajo tantos aspectos benéfico-del principio dispositivo.

La mayoría de la SCBA concluye así que la excepción al “principio de personalidad recursiva” juega solamente en los casos en que una condena involucra obligaciones indivisibles, solidarias o in solidum (v. voto Dr Pettigiani en causa C. 63.968, sent. de 15-VI-1999; conf. doctr. art. 272, CPCC). 

En disidencia solitaria se expresó el Dr. de Lazzari quien sostuvo que la regla a aplicar en relación al principio de personalidad de la apelación consiste en que debe reputarse firme la condena impuesta a un obligado in solidum, sea cual fuere la suerte de la apelación de otro obligado de igual tipo (por ejemplo, causa L. 111.184, "C., D. L.", sent. de 31-X-2016). 

En ese sentido, expresó que resulta indistinto que sean los actores y no demandados los recurrentes, o que no haya un litisconsorcio activo típico. Antes bien, considera que basta con respetar el principio de personalidad de la apelación, o las elementales reglas de la congruencia: a quien ha recurrido justificadamente se le ha de otorgar lo que pide; a quien se ha conformado con lo que en sentencia inicial se le atribuyó -y no se quejó al respecto-no pueden alcanzarle los beneficios que el otro obtuvo. 

Cierra su voto planteando que, caso contrario, pronto se podría declarar con derecho a indemnización a quienes ni siquiera promovieron la demanda pero se encuentran en una situación similar a la de quienes sí lo hicieron.

III.- Confirma la tasa de interés pasiva digital BAPRO.

Finalmente, en lo que refiere a este ítem, la SCBA confirmó la aplicación de la tasa de interés pasiva digital del Bco Pcia. Bs.As.

Ello así ya que la evolución de las distintas tasas de interés pasivas aplicadas por el Banco de la Provincia de Buenos Aires, determinadas en el marco reglamentario de la mencionada institución oficial, imponía precisar la doctrina que el Tribunal venía manteniendo en torno de los intereses moratorios a ser fijados judicialmente tanto en los términos del art. 622 del Código de Vélez como en los del inciso "c" del art. 768 del Código Civil y Comercial.

En ese sentido, se declaró que tales intereses deben ser calculados exclusivamente sobre el capital, mediante la utilización de la tasa pasiva más alta fijada por el Banco de la Provincia de Buenos Aires en sus depósitos a treinta días, vigente al inicio de cada uno de los períodos comprendidos, y por aquellos días que no alcancen a cubrir el lapso señalado, el cálculo debe ser diario con igual tasa (arts. 622 y 623, Cód. Civ.; 7 y 768 inc. "c", Cód. Civ. y Com.; 7 y 10, ley 23.928 y modif.)L. 118.587, "Trofe", sents. de 15-VI-2016).

IV.- Conclusión y cierre.

A modo de cierre, del presente fallo surgen las siguientes directrices de esta doctrina legal:

  1. Frente al caso de las denominadas obligaciones "concurrentes o conexas", si la cuestión fue únicamente controvertida por una de las partes obligadas y consentida por la otra al no recurrir la sentencia del Tribunal de Alzada, los efectos de la sentencia que revoca el fallo de grado deben también ser extendidos al demandado que no recurrió el mérito de lo decidido.
  2. Ello así ya que en las controversias que involucran a 'obligaciones conexas o in solidum' varias personas adeudan al acreedor la misma prestación sin ocupar, ni por contrato ni por ley, la posición de deudores solidarios;
  3. Sin embargo, la excepción a esta regla tiene lugar en casos en los que no se configura un “litis consorcio stricto sensu” donde cobra plena vigencia el sistema dispositivo en virtud del cual cada parte es dueña de sus actos procesales y puede disponer según su propio interés;
  4. De allí que nada excluye en derecho la posibilidad de dos sentencias contradictorias ya que se trata de un riesgo connatural con el concepto de cosa juzgada.
  5. Los intereses moratorios deben ser calculados exclusivamente sobre el capital mediante la utilización de la tasa pasiva más alta fijada por el Banco de la Provincia de Buenos Aires en sus depósitos a treinta días.