Por Flavio Gastón Berra[1].

En contextos de crisis, tienden a potenciarse los motivos que pueden generar criterios diversos entre los socios, aconteciendo diferencias y disconformidades sobre la marcha llevada a cabo por el Directorio de la sociedad.

Resulta habitual la manifestación de conflictos menores, tales como la existencia de criterios diferentes sobre la marcha del negocio, a falencias de mayor gravedad, como negativas a exhibir libros, ausencia de emisión de balances e informes o incumplimientos en la repartición de dividendos, por mencionar algunos ejemplos que suelen manifestarse en circunstancias en las cuales la sociedad no goza de la salud esperada.

Incumplimientos de esta índole pueden llevar a un socio o a un grupo de ellos a solicitar el desplazamiento del Directorio de la sociedad a fines de poder conformar uno nuevo, que cumpla con las cargas que la ley le impone y posibilite a sus socios un control adecuado de la marcha y realidad de la empresa.

Inicialmente y de forma extrajudicial, será necesario solicitar una convocatoria a Asamblea general ordinaria (art. 236 de la Ley 19.550) a fines de abordar la posible remoción de los directores (art. 234, inc. 2 LGS) por mal desempeño del cargo (art. 59 y 274 LGS), por haberse incumplido con cargas legales emanadas de la ley y del propio Estatuto. Siempre en la medida que los socios interesados se encuentren facultados cumpliendo al menos la representación del 5% del capital social que requiere la ley. De cumplirse este recaudo, el Directorio debe convocar la Asamblea en el plazo máximo de cuarenta días (art. 236 párrafo 2do LGS).

En el caso de que el Directorio se niegue a esta convocatoria, será necesario promover una convocatoria judicial a audiencia ordinaria, a fines de ser tratado un temario como el indicado previamente. En caso de esta no arrojar un resultado positivo, los socios disconformes pueden promover una acción judicial de remoción de los administradores, y en tal contexto solicitar cautelarmente la intervención judicial de la sociedad.

Pasaremos por lo tanto a describir sucintamente en qué consisten estos institutos y los fundamentos por los cuales resultan procedentes conforme la realidad societaria descripta previamente.

* Convocatoria judicial de asamblea

Esta petición deviene necesaria en los supuestos como los descriptos, es decir, cuando aconteciese una negativa evidente de los administradores de la sociedad a convocar una asamblea ordinaria que aborde la posibilidad de su remoción, lo cual se configura cuando ha transcurrido el plazo de 40 días que dispone la ley para que procedan a tal convocatoria.

Ante ello, toma relevancia la posibilidad contemplada en el art. 236 de la LGS que regula en materia de convocatoria de la asamblea ordinaria, en la medida que dispone en su tercer párrafo que “Si el directorio o el síndico omite hacerlo, la convocatoria podrá hacerse por la autoridad de contralor o judicialmente”. Por lo tanto, a fines de que se convoque la asamblea y pueda ser tratado un temario de tanta entidad como la posible remoción del Directorio, será necesario requerir judicialmente la convocatoria a primera y segunda asamblea ordinaria, de ser ello posible según el Estatuto de la sociedad.

De esta forma, sin necesidad de iniciar procesos judiciales más complejos, es posible que el fin último de los socios (la remoción de los directores) se logre forzando la convocatoria a audiencias ordinarias en las cuales pueda hacer valer su peso en la participación del capital social.

Ante una omisión injustificada del Directorio para convocar la Asamblea, la doctrina tiene dicho que “Durante la vida de la sociedad pueden suscitarse discrepancias entre los accionistas y los directores que induzcan a estos últimos a rehuir sistemáticamente la convocación de la asamblea ordinaria en los plazos previstos en o en los estatutos, o convocatoria de la asamblea extraordinaria a pesar de la solicitud de los accionistas en la forma prevista por el Art. 236 párrafo primero. Frente a situaciones de esta naturaleza la ley permite que los accionistas recaben el auxilio de la autoridad judicial o de la autoridad administrativa de control para que convoque la asamblea que los administradores no convocan y pueda normalizarse así la vida de la sociedad (art. 236 in fine)[2].

Nuestros jueces tienen dicho que “A los fines de la procedencia del procedimiento previsto por el artículo 236 de la ley 19550, bastará entonces la acreditación por el accionista de su condición de tal, que su tenencia es representativa del 5% del capital social (o el porcentaje que fijare el estatuto), que ha formulado en tiempo y forma el requerimiento de convocatoria al directorio y/o al síndico, y que ha transcurrido el plazo de 40 días fijado por el ordenamiento en la materia (si es que no se verifican circunstancias especiales que autorizaren a prescindir de tal extremo). Con la comprobación de tales recaudos, el juez debe automáticamente disponer la realización del acto[3].

Eventualmente, y para el caso que se evidencien graves incumplimientos, pero no se obtengan las mayorías suficientes para que se impute responsabilidad en cabeza del directorio, puede optarse por iniciar una acción judicial de remoción de los mismos.

 

* Acción de remoción de los administradores

Como se indicó, la forma de remover a los administradores de la sociedad es a través de votación de los accionistas en Asamblea General Ordinaria, cuya convocatoria se realizará judicialmente para desplazarlos de sus cargos.

Del trámite de la misma puede surgir la posibilidad de que el directorio sea declarado responsable por decisión asamblearia y ser reemplazado, o que contrariamente, esta pretensión no prospere. En este último supuesto, puede iniciarse una acción judicial de remoción de los administradores que persigue un pronunciamiento judicial que determine su apartamiento de la dirección de la sociedad (art. 265 in fine, art. 275 y ccs. LGS).

La acción de remoción “entra en funcionamiento cuando la remoción no ha podido lograrse por mecanismos internos que rigen la vida de la sociedad. Supone la existencia de justa causa, y opera independientemente de se hayan previsto o no en el contrato causales de remoción del administrador”[4].

También se ha dicho que “... la L.S, aunque no con la claridad que era de esperar, admite -aun en los casos que rija la libre revocabilidad- que cualquier socio, si no consigue las mayorías suficientes en el órgano de gobierno, inicie una acción de remoción judicial en contra del administrador infiel... "[5].

El legislador no ha regulado autónomamente a la acción de remoción, sino que la misma la encontramos en el art. 129, dentro del Capítulo que regula sobre sociedades colectivas. Corresponde interrogarnos por lo tanto si la misma procede también si estamos ante una Sociedad Anónima, más allá de las acciones previstas entre el art. 274 y 276 de la LGS.

En tal sentido, los especialistas han entendido que sí es viable, afirmándose que “la Doctrina y la Jurisprudencia, aún cuando ha advertido que la L.S. no contempla un régimen que regule de manera específica la acción judicial de remoción del director de la S.A, ha concluido de manera prácticamente unánime que el ejercicio de dicha acción debe sujetarse a lo previsto en el art. de la L.S. para la sociedad colectiva, en cuanto fuere compatible, como así también previsto en los arts. 274 275 y 276 de la L.S. para la de la acción de responsabilidad de los administradores, también en cuanto fuere compatible”[6].En función de ello, podemos concluir que cuando se trata de Sociedades Anónimas, las acciones previstas específicamente para ser llevadas a cabo por la sociedad o individualmente por uno de los socios son asimilables a la remoción, dado que de ser acogidas por el juez implican el apartamiento de los administradores.

Resta decir que esta acción tramita bajo las normas del proceso sumario (art. 15 LGS, art. 392 y ccs. del CPCC), lo que implica la necesidad de llevar a cabo un expediente complejo y con plazos extensos hasta llegar a una sentencia definitiva, la cual incluso puede demorarse en el tiempo por la posibilidad de que deban tramitarse instancias de apelación y extraordinarias. En función de ello, y dado que en ocasiones la urgencia de la problemática no posibilita aguardar tanto, dentro del mismo proceso se puede pedir una medida cautelar llamada intervención judicial de la sociedad, la cual seguidamente describiremos.

 

* Intervención judicial de la sociedad

La intervención judicial de la sociedad es un tipo medida cautelar que puede solicitarse ante la configuración de un peligro real o inminente en la marcha de la sociedad que impide aguardar los tiempos habituales hasta obtener una resolución judicial firme. Concretamente, la misma “…importa una interdicción judicial a la marcha de la sociedad y al funcionamiento de sus órganos de gobierno que resultan provisionalmente suspendidos”[7].La doctrina ha sostenido que busca “evitar que mientras se sustancia la acción de remoción de los administradores, a quienes se les ha imputado la comisión u omisión de actos perjudiciales al interés de la sociedad, puedan aquellos continuar ejerciendo libremente su administración”[8].

Nuestro legislador la contempló en la Sección XIV de la Ley General de Sociedades, entre los arts. 113 y 117, en los cuales regula su objeto, supuestos de procedencia, variables, efectos y otros pormenores.

La procedencia de esta medida ha sido aceptada numerosamente por nuestros magistrados, quienes han entendido que consiste en “...un régimen de excepción y ha sido concebido contemplando el dinamismo y celeridad con que el sistema societario debe actuar para ser eficaz, y así evitar que el control definitivo del órgano de gobierno llegue demasiado tarde, con el perjuicio irremediablemente materializado. Pero ello con un objeto siempre claro: remedio extremo ante la situación de gravedad, para la tutela del ente societario y conservación de la empresa. Los jueces deben buscar el justo equilibrio entre los intereses en juego, atendiendo siempre el perjuicio de la persona colectiva, sin tomar una injerencia infundada en los negocios del ente, pero sin esperar que, éste se desmorone para nombrarle judicialmente un administrador. Por otra parte y en la misma dirección, dentro del sistema de derecho societario, en modo alguno puede transformarse la intervención judicial en un instrumento de protección de intereses puramente particulares del peticionante o de solución de discrepancia entre los socios, que puedan innecesariamente perjudicar la imagen (o si se quiere el respeto) de la sociedad ha ganado en su medio”[9].

 

  1. Naturaleza cautelar

La doctrina es pacífica en sostener que la intervención judicial es un subtipo de medida cautelar, compartiendo los requisitos y características que son propias de estas. Recordemos que el proceso cautelar es “aquel que tiende a impedir que el derecho cuyo reconocimiento o actuación se pretende obtener a través de otro proceso, pierda su virtualidad o eficacia durante el tiempo que transcurre entre la iniciación de este proceso y el pronunciamiento de la sentencia definitiva”[10].

En tal sentido se han manifestado nuestros jueces, sosteniendo que “La intervención judicial -en cualquiera de las formas previstas legalmente- se erige como una medida cautelar societaria de excepción, a la cual puede recurrirse una vez agotadas todas las posibles instancias para conjurar el peligro potencial que provendría de acciones u omisiones”[11].

Esta naturaleza cautelar genera que las mismas no causen estado, y por lo tanto pueden ser revocadas de variar las circunstancias que le han dado origen, o ser nuevamente requeridas en una instancia avanzada del proceso principal (que como se indicó, para este caso resulta ser el de remoción de los administradores), incluso si en una primera ocasión la medida fue rechazada por no haberse configurado los supuestos de procedencia. Como se verá, el criterio para que prospere es restrictivo por mandato legal, dado que como han manifestado los jueces “Las medidas cautelares en general deben acordarse, limitándolas al mínimo indispensable, evitando dentro de lo posible que puedan constituirse en un medio de extorsión o una traba al normal desenvolvimiento de las actividades del afectado”[12].

  1. 2. Medida accesoria

Asimismo, es importante remarcar que la intervención judicial carece de autonomía procesal, es decir, no puede ser requerida como proceso único y que su objeto se agote en su concesión, sino que contrariamente, solo puede proceder de solicitarse en el marco de un proceso judicial que la sustente.

Así como separadamente no puede solicitarse un embargo, una inhibición o una anotación de Litis si no es en el marco de una causa en la cual puedan constatarse los elementos objetivos que validen sus procedencias, lo mismo acontece con la intervención de la sociedad en razón de su matriz cautelar.

Por tal motivo, se ha sostenido que “Si el actor no inició una pretensión de fondo directa que persiga la remoción del cuestionado gerente como exige el artículo 114 de la ley de sociedades, sino de exhibición de los libros de la sociedad y de convocatoria a asamblea extraordinaria, no corresponde hacer lugar al pedido de nombramiento de un veedor”[13].

 

  1. 3. Causas

El art. 114 de la Ley General de Sociedades contempla los requisitos que se deben configurar para que la medida prospere, los cuales posteriormente se abordarán en detalle. Básicamente, podemos sostener que procede “cuando el incumplimiento de los administradores afecte la integridad patrimonial y ponga en riesgo la continuidad de la empresa”[14].

Hay por lo tanto una casuística sumamente amplia de supuestos que validaron un pronunciamiento favorable de los jueces, por lo que de configurarse posibilitan su solicitud[15]. En tal sentido nuestros jueces tienen dicho que “La vía de la intervención judicial informativa no ha sido concebida normativamente como un vehículo para el ejercicio del derecho a la información, sino más bien, como he señalado, como un mecanismo utilizable para asegurar el eventual resultado favorable de una pretensión encarrilada en un proceso, en el contexto de una situación de peligro grave para la sociedad contemplada tanto por los artículos 113 y 114 de la ley 19.550, como por el artículo 222 inciso 2 del CPCC”[16].

  1. 4. Criterio restrictivo del Juez

Es importante destacar que el legislador ha querido evitar la utilización malintencionada o extorsiva del instituto, en la medida que implica la injerencia de funcionarios y auxiliares judiciales en la marcha de la sociedad. Por tal motivo, expresamente el art. 114 párrafo 2do dispone que el Juez debe evaluar la concesión de la intervención con criterio restrictivo.

Así se ha dicho que “La intervención judicial procede como última ratio, ante la ineficacia o insuficiencia de otra medida que garantice plenamente el crédito del acreedor”[17], que “No puede soslayarse el carácter restrictivo que caracteriza este tipo de medidas, la intervención judicial, en tanto importan una intromisión anormal en los órganos naturales de la sociedad que puede ser susceptible de causar mayores perjuicios al ente de los que pretende evitar[18], y que“se impone un criterio restrictivo de interpretación, lo cual implica la exigencia de que los presupuestos de admisibilidad de las pretensiones de aseguramiento se encuentren cuidadosamente reunidos, debiendo ser desestimadas en caso de duda (arg. arts. 112, 114, ley 19.550)”[19].

 

  1. 5. Requisitos a cumplir

Para que el Juez que tome intervención valide la procedencia de la intervención, será necesario que en la presentación a realizar podamos acreditar una serie de requisitos legales y procesales.

  1. a) Inicio de acción de remoción

Como se indicó, la intervención judicial es un tipo de medida cautelar, por lo cual es accesoria de una acción de fondo, que como se indicó en el Capítulo II. B) resulta ser la acción de remoción.

Nuestros jueces han sostenido en tal sentido que: “La promoción de la acción de remoción de los administradores es condición necesaria para la procedencia de la intervención judicial prevista por la ley de sociedades comerciales porque dicha cautelar no constituye una medida autónoma sino que es una medida precautoria regulada específicamente como accesoria de la remoción”[20].

Remitimos por razones de brevedad a lo manifestado al respecto en el acápite referido.

 

  1. b) Acreditar condición de socia/o

Será necesario acreditar la calidad de socia/o en la presentación a realizar. Tal requisito está expresamente previsto por el art. 114 primera parte de la LGS.

La ley no plantea a tal fin la necesidad de tener un porcentaje específico de participación. No obstante, a todo evento puede realizarse una diligencia preliminar para acreditar tal condición ante el Juez.

  1. c) Peligro grave

Expresamente el art. 114 de la LGS dispone que la parte que requiere la intervención judicial deba acreditar la existencia de un peligro grave, como fundamento que justifique su disposición por parte del Juez.

Sin el cumplimiento expreso de este mandato legal, no hay probabilidad alguna que los magistrados validen la procedencia de la cautelar, considerando la intromisión en la marcha de la sociedad que ello implica. Brindando algunos ejemplos, podemos destacar que nuestros jueces han sostenido que: “La suspensión preventiva de la ejecución de una asamblea societaria, de cobijo legal en el art. 252 de la ley de sociedad comerciales, es calificada como grave, en tanto importa la anulación momentánea de la resolución adoptada por la mayoría de los accionistas, que es por lo general y normalmente la voluntad de la sociedad. Se trata de una cautelar innovativa, que tiende a alterar un estado de hecho o de derecho existente antes de la petición de su dictado, con fundamente en el compromiso del resultado del proceso principal”[21], y que “La medida cautelar de intervención judicial se funda, entre otros requisitos, en la situación de peligro grave a la que exponen a la sociedad el o los administradores cuya remoción judicial se reclama, por los actos que realicen u omisiones en que incurran (doct. arts. 113 y 114, ley 19550). El peligro en cuestión, por ende, debe estar asociado a la conducta irregular de los administradores destinatarios de la acción principal, lo que exige, para apreciar la verosimilitud del derecho que abone la medida, la ponderación de sus actos u omisiones (arts. 113, 114 segundo párrafo, 59, 274 y ccdtes., ley 19550; 1684, Cód. Civil y 195 segundo párrafo, CPCC)”[22].

También se ha sostenido que “El art. 113 de la ley 19.550, enuncia la procedencia de la intervención judicial cuando los administradores de la sociedad realicen actos o incurran en omisiones que la pongan en peligro grave y a la par que el art. 114 de la citada ley, reitera que debe evidenciarse el riesgo atribuyendo a la requirente la carga de la prueba[23].

  1. d) Agotamiento de las acciones sociales

Resulta necesario también, para el acogimiento de la medida, que se pruebe ante el Juez que se han agotado las acciones sociales internas. Esto quiere decir que debe probarse que se intentó poner fin al conflicto a través de los mecanismos internos de la sociedad.

Así, por ejemplo, exponiendo ante el Juez que se convocó judicialmente una audiencia ordinaria - y más allá de que el fin último de la misma pueda no obtenerse-, ello brindaría un elemento irrefutable de que antes de requerir la intervención de la justicia los socios optaron por intentar resolver internamente las controversias.

Es claro que el legislador pretende que los socios traten de superar la situación valiéndose del marco regulatorio que brinda el contrato social. Solo si resulta insuficiente, recién en esta instancia queda habilitada la vía judicial de la intervención.

En tal sentido se han manifestado nuestros jueces, diciendo que “Uno de los presupuestos para la viabilidad de la intervención judicial societaria es la de demostrar que se ha agotado la instancia societaria. Por ello, cuando de la prueba arrimada surja que el peticionante ha intentado todos los medios razonables para activar los mecanismos internos de la sociedad a los fines de arribar a una solución extrajudicial del conflicto, pero no ha tenido resultado positivo, sea por la escasa participación en el capital social o influencia en las decisiones de la sociedad o la connivencia entre los distintos órganos de la sociedad y que, de continuar insistiendo, es evidente que no obtendrá resultados diferentes, deberá considerarse que ha agotado los recursos del contrato social”[24].

También se ha dicho que: “A fin de solicitar la intervención judicial, los accionistas deben agotar los recursos que el propio estatuto pone a su disposición. De aquí que si no existen situaciones que impidan el regular funcionamiento de los órganos de dirección y fiscalización de la sociedad ante los cuales los accionistas puedan hacer valer eficazmente sus derechos, no procede la intervención judicial”[25].

 

  1. e) Peligro en la demora

Para cumplir este recaudo, debe demostrarse que se encuentra comprometido de forma inminente el interés social a raíz de causales graves, las cuales también serían la motivación de la audiencia ordinaria que judicialmente se habría promovido. En función de ello, es necesario exponer ante el juez que el simple paso del tiempo es perjudicial para el patrimonio e integridad de la empresa, lo que amerita la necesidad de llevar adelante medidas cautelares que resguarden estas circunstancias.

Esto suele ser suficiente para señalar el interés de los socios, en razón del peligro generado por el accionar inadecuado de los administradores de la misma.

En tal sentido los jueces han dicho que: “Cuando la actuación - u omisión - de los administradores provoca un concreto perjuicio a la sociedad, existiendo un verdadero peligro en la demora para encauzar el funcionamiento de la sociedad a los parámetros legales, la intervención de la sociedad debe ser decretada, otorgando el legislador al magistrado interviniente la posibilidad de graduar esa medida, designando un veedor, un coadministrador o directamente un interventor judicial desplazando a los órganos naturales de la sociedad (cfr. Ricardo A. Nissen, Ley de Sociedades Comerciales Comentada, ed. La Ley, t. II, págs.. 268/269)”[26].

En igual sentido se ha dispuesto que “La intervención judicial de la sociedad requiere que el perjuicio que se invoque a esos fines sea de naturaleza tal que exista un verdadero peligro en la demora relativo al interés objetivo de la sociedad”[27].

 

  1. f) Verosimilitud en el derecho

Como toda cautelar, es necesario exponer la existencia de verosimilitud en el derecho que se invoca, tradicionalmente llamado fumus boni iuris. Ello de forma tal que “de conformidad con un cálculo de probabilidades, sea factible prever que en el proceso principal se declarará la certeza de ese derecho”[28]. La ley no exige concretamente una comprobación plena y concluyente de lo invocado, sino un mero acreditamiento de que en principio lo invocado es factible.

Tal ha sido el criterio de los jueces a la hora de evaluar la procedencia de las intervenciones judiciales, disponiendo que “El señalado criterio restrictivo de apreciación consiste en extremar las exigencias relativas a la verosimilitud del derecho invocado y al peligro en la demora”[29], y que “El peligro en cuestión, por ende, debe estar asociado a la conducta irregular de los administradores destinatarios de la acción principal, lo que exige, para apreciar la verosimilitud del derecho que abone la medida, la ponderación de sus actos u omisiones (arts. 113, 114 segundo párrafo, 59, 274 y ccdtes., ley 19550; 1684, Cód. Civil y 195 segundo párrafo, CPCC)”[30].

 

  1. g) Contracautela

La contracautela consiste en una a caución que la parte peticionante debe ofrecer para asegurar a la otra parte el resarcimiento de los eventuales daños que puede irrogar la medida peticionada.

Contemplada en el art. 116 de la LGS, va de la mano al hecho de que la intervención es solicitada y eventualmente concedida inaudita parte, es decir, sin que se corra traslado previo a la parte que se ve afectada por la medida, que en este caso serían los actuales administradores de la sociedad.

De esta forma, la socia/o puede ofrecerle al juez una contracautela real, personal o juratoria, siendo esta última naturalmente la menos gravosa.

* Efectos de la intervención

 

1) Sobre los administradores

Corresponde al menos sucintamente exponer cuales serían los efectos inmediatos que generaría el eventual acogimiento de la intervención que se requeriría por parte del juez.

En concreto, el más importante a ponderar es que según el tipo de intervención que se adopte, se puede lograr efectivamente la remoción y exclusión de los administradores que desempeñan tal función. Por ello, se ha sostenido que “La remoción y exclusión de las autoridades constituidas y posterior designación de un interventor con carácter de administrador judicial, a efectos de regularizar la marcha de la sociedad civil, no puede depender de la materia controvertida en el proceso principal; resulta suficiente la comprobación de la apariencia o el "fumusbonis iuris" configurado por un estado de incertidumbre en la conducción de los negocios”[31].

 

2) Variables a adoptar por el juez

No obstante, es importante remarcar que hay supuestos más mitigados que la ley también contempla a la exclusión y remoción de los administradores.

Según el criterio que adopte el Juez que tome intervención, puede decantarse por designar un interventor judicial, el cual desplazaría a los administradores actuales. En caso de considerar esta medida demasiado extrema según la realidad expuesta, el Juez está facultado para decretar la designación de un coadministrador, el cual participará en la dirección de la sociedad junto a los administradores actuales sin que ello implique un desplazamiento de estos. Su actuación consistirá en acompañarlos en la gestión de la sociedad, para obtener orden y seguridad en su administración.

Como opción menos invasiva, el magistrado puede optar por simplemente designar veedores judiciales, los cuales no afectan el funcionamiento ni la composición del órgano de administración. Ellos se limitan a constatar ciertas operaciones que especialmente el juez les pida que verifiquen, a fines de que elaboren un informe sobre lo corroborado.

Sobre estas variables, la jurisprudencia tiene dicho que “La sustitución de administradores se encuentra reservado para casos de extrema gravedad, en la que la actuación de aquellos ocasione un peligro para el ente y los socios que no pueda ser subsanado por otra vía. En consecuencia, los jueces han de extremar los cuidados en cuanto al riguroso cumplimiento de los requisitos para la procedencia de la medida. En cambio, la designación de un veedor satisface la exigencia del derecho de asegurar el derecho del peticionante a la información sobre la marcha de los negocios y estado de los bienes de la sociedad, supervisando la legalidad y regularidad en el manejo de fondos, suministrando al Juez mayores elementos del juicio que puedan conducir a agravar la medida si las circunstancias del caso lo justificaran. En otras palabras, su función es vigilar y controlar la gestión social”[32].

 

3) Recursos judiciales posibles

Es importante tener presente que las resoluciones sobre medidas cautelares no causan estado, por lo cual eventualmente pueden ser apeladas por los administradores, para el caso que el juez valide la procedencia de la intervención, o incluso por los socios que la hayan promovido en caso de ser denegada la misma.

No obstante, es relevante destacar que una eventual apelación ante la Cámara Civil y Comercial tiene efecto devolutivo y no suspensivo (art. 117 LGS). Ello implica el cumplimiento efectivo de la medida hasta tanto el Tribunal de alzada resuelva los recursos[33].

 

* Conclusiones

Conforme lo expuesto, es claro que la ley prevé distintas alternativas para intentar avanzar en contra de la actuación de los administradores actuales de la sociedad, habiéndose constatado los diversos incumplimientos en los cuales han incurrido.

En función de ello, podemos sintetizar como un factible plan de acción, en caso de detectarse graves incumplimientos en la marcha de la sociedad, al siguiente:

  1. Convocar judicialmente una audiencia ordinaria para abordar el temario precisado.
  2. Interponer una acción de remoción de los administradores en caso de que los mismos no puedan ser desplazados en la audiencia.
  3. Cautelarmente, solicitar la intervención judicial de la sociedad.

 

[1] Socio del Estudio Portela S.P.A.

[2] Farina, J., M. Tratado de las sociedades comerciales, Parte especial I1B sociedades anónimas, Pág. 170.

[3] Cámara Nacional de Apelaciones en lo Comercial , Sentencia 02/05/17, “Granata Domingo c/ Francisco Granata y Cia. S.A. s/ ordinario”.

[4]Marionsini. M.A., Negrelli, J., “La acción judicial de remoción del administrador”, IX Congreso Argentino de Derecho Societario, V Congreso Iberoamericano de Derecho Societario y de la Empresa, San Miguel de Tucumán, 2004.

[5]Molina Sandoval, C.A., “Intervención Judicial de Sociedades Comerciales" La Ley. 2003 p. 144.

[6]Ob. cit. 3.

[7] CC0001 LZ 66790 RSI-80-9 I 17/03/2009 Juez TABERNERO, “Pepe Matías Javier c/FaipeSrL y otros s/Intervención Judicial”

[8]Nissen, R., “Curso de derecho societario”, pág. 339,3ra Edición, Hammurabi, Buenos Aires, 2015.

[9]Ob. Cit. 2

[10]Palacio, L., “Manual de Derecho Procesal Civil”, pág. 299/300, T. II, AbeledoPerrot, Buenos Aires, 1983.

[11] CC0201 LP 112308 RSI-346-9 I 29/12/2009, “Goñi, José Martín c/Goñi, Carlos Alberto y otros s/Sociedades-Acciones derivadas de la ley”.

[12] CC0001 SM 60925 RSI-303-8 I 02/10/2008, “Menini, Mario Enrique c/Menini, Ridardo y otro/a s/Acciones derivadas de la ley de sociedades”

[13] CC0100 SN 8384 RSI-102-7 I 20/03/2007, “Lopez José Alberto c/López Ismael s/Examen de los libros del socio. Incidente de apelación”

[14]Mc. Inerny, P. T., “Ley General de Sociedades N° 19.550. Comentada”, pág. 280, 1ra Edición, Thompson Reuterns, Buenos Aires, 2016.

[15]Una abundante casuística jurisprudencial es citada en Man-Pardini, “Ley de Sociedades Comerciales”, pág. 257 y siguientes, Tomo I, 1991.

[16] CC0002 SM 62712 RSD-97-10 S 06/07/2010 Juez MARES, “BEDINI, RODOLFO LUIS c/SANATORIO GRAL. SARMIENTO CLINICA PRIVADA S.R.L. s/INTERVENCION JUDICIAL S/ INCIDENTE ART. 250, CPCC”

[17] CC0001 QL 13539 RSI-139-11 I 26/08/2011, “Carrillo, Delia c/Administración Fondos Futbol s/Cobro ejecutivo.

[18] CC0103 MP 145128 RSI-134-10 I 30/03/2010, “Ulecia, Mirta Edith c/Ciccaroni, Ruben Armando y otro s/Sociedades”

[19]Ob. Cit. 3.

[20] CC0103 MP 164072 454 I 13/12/2017, “Carátula: "Suhurt, Miguel Angel c/Fernandez, Andrea K. y otro/a s/medidas cautelares (traba/levantamiento)".

[21] CC0100 SN 10413 I 09/03/2012,“Peña, María Angelica c. Entesano Héctor Julio y Otros. Acciones derivadas de la ley de sociedades".

[22] CC0002 SM 62233 RSI-189-9 I 03/12/2009, “Pérez, Angel Ricardo c/La Primera de Grand Bourg S.A.T.C.I. s/Intervención Judicial”. Énfasis propio.

[23] CC0002 LM 310 RSI-140-2 I 12/12/2002 Juez RODRIGUEZ (SD), “Argibay, Jorge A. y otro c/Instituto Mariano Acosta S.A y otros s/Medida Cautelar”. Énfasis propio.

[24] CC0103 MP 145128 34-12 I 14/02/2012, "ULECIA MIRTA EDITH C/ CICCARONI RUBEN ARMANDO Y OTRO S/ SOCIEDADES.ACCIONES"

[25] CC0002 LM 337 RSI-27-3 I 20/03/2003 Juez RODRIGUEZ (SD),“Leoz Eduardo Mario c/Industrias Plasticas para la construcción SA s/Disolución y liquidación sociedad - Inc. art. 250 CPCC”.

[26] CC0002 QL 19549 310/18 I 02/10/2018, “Bas Ruben c/ Bas Enrique s/ Sucesion”.

[27] CC0103 MP 145128 RSI-134-10 I 30/03/2010, “Ulecia, Mirta Edith c/Ciccaroni, Ruben Armando y otro s/Sociedades”

[28] Palacios, L., “Derecho Procesal Civil”, pág. 32, Tomo VIII, Abeledo-Perrot, Buenos Aires.

[29] CC0201 LP 112308 RSI-346-9 I 29/12/2009, “Goñi, José Martín c/Goñi, Carlos Alberto y otros s/Sociedades-Acciones derivadas de la ley”.

[30] CC0002 SM 62233 RSI-189-9 I 03/12/2009, “Pérez, Angel Ricardo c/La Primera de Grand Bourg S.A.T.C.I. s/Intervención Judicial”.

[31] CC0103 LP 249579 RSI-213-8 I 11/09/2008 Juez LAVIE, “Fontán, Susana O. y otros c/Barrio Parque GonetSoc.Civil s/Materia a Categorizar. Inc. art. 250”

[32] CC0001 LZ 66790 RSI-80-9 I 17/03/2009 Juez TABERNERO, “Pepe Matías Javier c/FaipeSrL y otros s/Intervención Judicial”

[33] Conf. Nissen, R., “Curso de derecho societario”, pág. 347, 3ra Edición, Hammurabi, Buenos Aires, 2015.