Por Manuel Larrondo

Dos recientes fallos dictados por la Suprema Corte de Justicia Bonaerense  (SCBA) en los autos “Cardano” y “Vallejos” se han expedido sobre cuál debería ser el “valor del litigio” en miras de cumplir con la admisibilidad formal de un Recurso Extraordinario de Inaplicabilidad de Ley (en adelante RIL) en materia civil y comercial.

¿Cuál será el valor del agravio que debe tenerse en cuenta cuando la Alzada rechaza íntegramente la demanda? ¿Será el capital puro reclamado en demanda o debería actualizarse al momento de interponerse el RIL?

  • Recaudos del CPCC.

Comencemos por repasar el texto de los artículos 278 y 280 del CPCC que en sus partes pertinentes dicen:

Artículo 278: "Resoluciones Susceptibles del Recurso. El recurso extraordinario de inaplicabilidad de la ley o doctrina legal procederá contra las sentencias definitivas de las Cámaras de Apelaciones y de los Tribunales Colegiados de Instancia Unica, siempre que el valor del agravio exceda la suma equivalente a quinientos (500) jus arancelarios. Si hubiese litisconsorcio, el recurso sólo será admisible si hicieren mayoría los que, individualmente, reclamen más de dicha suma.

“Artículo 280: Depósito Previo. Constitución de Domicilio. El recurrente al interponerlo acompañará un recibo del Banco de la Provincia de Buenos Aires del que resulte haberse depositado a disposición del Tribunal que pronunció la sentencia impugnada, una cantidad equivalente al diez (10) por ciento del valor del litigio, que en ningún caso podrá ser inferior a la suma equivalente a cien 100) jus arancelarios, ni exceder de la equivalente a quinientos (500) jus. Si el valor de litigio fuera indeterminado o no susceptible de apreciación pecuniaria, el depósito deberá ser efectuado por la suma equivalente a cien (100) jus arancelarios.”

¿A cuánto equivale 1 jus arancelario? Al momento en que se escriben estas líneas, equivale a $1716.

Ateniéndonos entonces al requisito de ambos artículos para la admisibilidad de un RIL, el valor del litigio debe exceder la suma de 500 jus, es decir que a Marzo 2020 debería superar los $858.000. Si hubiera litisconsorcio, la suma reclamada por cada uno de los litisconsortes debería ser superior a dicho importe mínimo.

Ahora bien, a los fines de cumplir con el segundo recaudo de admisibilidad del RIL, el art 280 del CPCC exige que deberá depositarse el equivalente al 10% del valor del litigio aunque el mismo nunca podrá ser inferior a 100 jus arancelarios ni superar los 500 jus. Es decir que, en el supuesto de un solo actor recurrente y siendo el valor del litigio levemente superior al valor mínimo actual del litigio, por ej $859.000, debería depositarse la suma de $171.600 al mes de marzo 2020.

Veamos ahora qué fue lo que resolvió la SCBA en los casos referidos al comienzo.

2) Itinere procesal de los casos.

 “Cardano” Nro 122.757. Sentencia del 26/2/2020

El Sr. Cardano inició en 2009 una pretensión indemnizatoria por daños y perjuicios en representación de su hija y por derecho propio. En primera instancia se rechazó íntegramente aquella instada en nombre de su hija y solo se hizo lugar a la demanda invocada por derecho propio. Al intervenir la Alzada en grado de apelación, rechazó también en su totalidad ésta última.

En razón de ello, el Sr Cardano interpuso RIL contra esa decisión pero la Alzada rechazó su concesión atento a que, según resolvió, el valor del litigio no alcanzaba el mínimo de 500 jus arancelarios exigidos por el art 278 del CPCC. De acuerdo al razonamiento de la Cámara de Apelaciones, dicho valor se encontraba representado por el capital reclamado por su propio derecho en la demanda que fuera rechazada ($ 308.600).

Al acudir en Queja a la SCBA, el Sr. Cardano reconoció que el importe pretendido en su demanda no alcanza el valor mínimo para recurrir establecido por el citado art. 278 del CPCC. Sin embargo, planteó que al tiempo de iniciar la demanda (año 2009) el valor del JUS era de noventa y nueve pesos ($ 99), por lo que consideró que su reclamo supera el mínimo exigido de 500 Jus arancelarios.

“Vallejos”. N° 122.699. Sentencia 26.2.2020

En síntesis, la pretensión indemnizatoria instada por el Sr Vallejos y la señora Olivo fue rechazada íntegramente en ambas instancias ante lo cual ambos interpusieron RIL. Al denegarse su concesión, acudieron en Queja ante la SCBA.

  1. Qué resolvió la SCBA

Si bien en ambos casos se dictaron sentencia el mismo día, la SCBA se expidió en primer término en el caso “Cardano” decidiéndose por mayoría de los votos de los Ministros Soria, Genoud, Pettigiani y Torres y la señora Jueza doctora Kogan, con la disidencia del señor Juez de Lazzari.

Así, en el caso “Cardano” -acción por derecho propio y en representación de su hija -la mayoría consideró de forma contundente que a los fines de determinar el valor del litigio “no corresponde actualizar la suma peticionada en la demanda de acuerdo a lo dispuesto por el art. 7 y concordantes de la ley 23.928 -texto según ley 25.561- (conf. causas Ac. 91.200, "Biasutti", resol. de 3XI-2004; Ac. 91.629, "Sánchez Escudero", resol. de 1-XII2004 y Ac. 92.986, "Del Canto Zamora", resol. de 23-II2005, entre muchas otras).”

Sin embargo, culmina esa decisión expresando que la invalidez constitucional de esas normas “aún no ha sido declarada por este Tribunal.” (sic). ¿Será un anticipo de que lo están pensando? El tiempo lo dirá.

Reforzando el argumento anterior, remarcó la mayoría que “las condiciones de admisibilidad de los recursos extraordinarios, y en particular el monto mínimo para recurrir, se rigen por la ley vigente al momento de su interposición (doctr. causas C. 121.479, "Rodríguez Roldán", resol. de 19-IV-2017; C. 121.695, "Silvero,", resol. de 13-IX-2017 y C. 122.250, "Raut", resol. de 15VIII-2018).”

Por su parte, en el caso “Vallejo”, al tratarse de un litisconsorcio facultativo activo -situación prevista por el art 278 del CPCC-, la decisión mayoritaria de la SCBA concluyó en que el valor del agravio “está representado, para la parte accionante, por las sumas individualmente peticionadas -en concepto de indemnización- en la demanda sin que corresponda -como se ha sostenido reiteradamente- adicionar a dicho importe intereses ni actualizar (art. 8 y conc. ley 23.928, texto según ley 25.561; doctr. causas Ac. 100.588, "Chamas", resol. de 11III-2009).”

Como el monto reclamado en demanda por cada uno de los actores en concepto de daño y pérdida de chance ascendía a $110.000, concluyó el voto mayoritario que dichas sumas “no alcanzan individualmente” a cubrir el monto mínimo previsto por el art. 278 del CPCC-según ley 14.141 y Acordada 3.896/18 vigente al momento de interposición del RIL. Ergo, consideraron que no era posible acceder a su revisión ya que ratificaron que “las condiciones de admisibilidad de los recursos extraordinarios, y en particular el monto mínimo para recurrir, se rigen por la ley vigente al momento de su interposición (doctr. causas C. 113.930, "Becerra", resol. de 30-III-2011.”

Disidencia del Sr Juez de Lazzari

En soledad, la disidencia del señor Juez de Lazzari se inclinó por la postura contraria.

En el caso “Cardano”, destacó que el monto pretendido en su demanda - $ 308.600 al momento de instarla en Junio de 2009- conllevaba el pedido expreso del accionante de que dicho importe fuera actualizado por la incidencia de la depreciación monetaria.

De esta manera, consideró el magistrado que esta petición debía ser tenida en cuenta al momento de considerar y evaluar el presupuesto de admisibilidad vinculado con el valor del agravio. Agregamos por nuestra parte que, más allá de las vicisitudes procesales que hayan tenido lugar en el pleito, es un hecho que transcurrieron más de 10 años desde el inicio de la demanda para que el accionante pudiera obtener una decisión del Supremo Tribunal Provincial. Un lapso claramente prolongado que afecta la garantía constitucional de que una personas sea oída “en un plazo razonable” de acuerdo a lo previsto por el art 8 de la Convención Americana de DDHH. 

Retomando los fundamentos del Dr de Lazzari, destacó el magistrado que “así como el interés es la medida de la acción, también el interés es la medida en la apelación, y se halla determinado por el perjuicio o gravamen que la resolución ocasiona al recurrente.”

 Ahora bien, ¿cuál sería ese gravamen o agravio? Según el Juez de Lazzari, “el agravio es la insatisfacción, total o parcial, de cualquiera de las pretensiones formuladas en el proceso.”

Entiende así dicho magistrado que el monto justipreciado en la demanda se encontraba complementada con pretensiones confluyentes, tales "intereses, costas y actualizaciones". Es decir que, de acuerdo a su razonamiento, el reclamo de actualización del monto de la pretensión originaria forma parte del pedimento y es objeto específico del proceso.

Así, en el caso concreto de “Cardano” sostuvo que “la demanda le fue rechazada, produciendo una insatisfacción entre lo pretendido y lo resuelto. ¿Qué es lo que se desestimó?: la pretensión de resarcimiento por $ 308.600 con más su actualización. Dicho con otras palabras, el conjunto de capital más actualización es lo que ha resultado insatisfecho y, por tanto, constituye el valor del agravio.”

Concluye su voto sosteniendo que al tomarse únicamente al capital de demanda como “valor del litigio” dejándose de lado el pedido de su actualización “vale tanto como anticipar el juzgamiento sobre la procedencia del recurso extraordinario” e implica confundir situaciones diversas que no hacen al estudio previo de admisibilidad del RIL (ver sus votos en las causas C. 91.208, "Fontana", sent. de 25-II-2009; C. 92.463, "Scherpa de Labanca", sent. de 12XI-2008). Ello así, agrega, “porque admitir un recurso no impone asumir su procedencia, ya que una cosa es la existencia o inexistencia de vías aptas para remontar determinada situación jurídica (lo que tiene que ver con la admisibilidad) y otra, muy distinta, radica en juzgar el acierto o desacierto de la solución a la que arribará el tribunal a quo en la aplicación que ha efectuado de la ley, lo que tiene que ver con la procedibilidad o fundabilidad del alzamiento (conf. causa C. 91.208, cit.).”

  1. A modo de cierre.

Sin perjuicio de los razonamientos seguidos por ambas posturas y de la predominancia de decisión mayoritaria del Tribunal, es posible aventurar que el debate se encuentra abierto y sujeto a eventuales planteos de inconstitucionalidad que puedan instarse al momento de interponerse un RIL o quizás ni bien se configure la oportunidad procesal de plantearse la cuestión federal que exige el art 14 la ley 48.

Es claro que el recaudo del “valor del litigio” resulta trascendental a los fines del estudio de admisibilidad de un RIL. Pero también es cierto que en el supuesto caso de que el “valor del litigio” no coincida con la doctrina actual de la SCBA, una puerta de entrada para la vía recursiva extraordinaria ante dicho Tribunal consiste en el hecho de plantear adecuadamente  la eventual inconstitucionalidad de la/s norma/s debatidas en el caso bajo la pretensión de ser contrarias a las garantías establecidas, por ejemplo, en los arts. 14 bis, 16, 17, 18 y 19 de la Constitución Nacional. Es decir, denunciar la relación directa e inmediata de conflicto entre las normas federales y lo resuelto en el caso (conf. doct. causas B. 64.621, "U.P.C.N.", res. del 3-III-2004; I. 2312, "AERI", res. del 31-III-2004). En esas condiciones, más allá de cual sea el “valor del litigio”, le corresponde a la SCBA conocer y resolver la impugnación y, de ese modo, soslayar las interdicciones que surgen del régimen local (conf. doct. C.S.J.N., Fallos 308:490, "Strada"; Fallos 311:2478, "Di Mascio").