En el marco del expediente “TELEFONICA DE ARGENTINA S.A. C/ MUNICIPALIDAD DE LA PLATA S/ PROCESO SUMARIO DE ILEGITIMIDAD - OTROS JUICIOS” LP - 29230 - 2018, en trámite por ante el Juzgado Contencioso Administrativo N° 3, se ha dictado sentencia el pasado 7 de Octubre del 2019 haciéndose lugar a la demanda promovida por la actora, anulándose así una Resolución de la Justicia de Faltas de La Plata que impuso una multa de $5.000.000 en su contra.

Dicha multa consistió en el tope máximo permitido por el art. 47 inc. b) de la Ley 24.240, por entender el Juez de Faltas (Juzgado Nº 2 de La Plata) que se había constatado la supuesta infracción a diversos artículos de dicha ley en el marco de un reclamo individual.

Lo destacable de la actual sentencia –aún no firme al momento en que se escriben estas líneas ya que se encuentra recurrida por el Municipio- es que el Juez Contencioso administrativo invalida la multa dispuesta haciendo lugar a los argumentos de la empresa, los cuales consistieron centralmente en exponer que la Municipalidad, en el ejercicio de su potestad sancionatoria, violentó el principio de seguridad jurídica que asiste a la empresa como sujeto de derechos, en razón del tiempo transcurrido desde el inicio de las actuaciones administrativas hasta el dictado de la sentencia por el Juez de Faltas.

En concreto, quedó probado en el expediente que la administración se tomó casi seis años para resolver definitivamente las actuaciones desde su inicio y casi cuatro desde el dictado de la imputación por presuntas infracciones, lo cual ampliamente violentó la garantía de plazo razonable contemplada en el art. 15 de la Constitución de la Provincia de Buenos Aires y en los arts. 8 inc.1° y 25 (tutela judicial efectiva) del Pacto de San José de Costa Rica, entre otras normativas al respecto.

Asimismo, el fallo consideró que “el derecho a obtener un pronunciamiento judicial sin dilaciones previas resulta ser un corolario del derecho de defensa en juicio consagrado en el art. 18 de la Constitución Nacional”, que “el extenso tiempo que ha insumido la tramitación de las actuaciones hasta el dictado del acto sancionatorio se presenta como irrazonable”, y que “la violación del plazo razonable se presenta no solo en la etapa resolutoria, si no a lo largo de todas las actuaciones, siendo siempre la autoridad demandada la que ha incumplido los plazos establecidos para el impulso de las actuaciones”.

También resulta relevante que el magistrado, haciéndose eco de uno de los argumentos sostenidos en la demanda, consideró que la administración no puede excusarse en la sobrecarga de tareas de su personal para mantener sujeto al administrado en un proceso eventualmente sancionatorio por un periodo de tiempo tan prolongado, máxime teniéndose en cuenta que el art. 71 del Decreto Ley 7647/70 establece con claridad que los plazos obligan por igual tanto a la administración como a los administrados.

Por tales motivos, la ingente multa de $5.000.000 fue revocada íntegramente sin perjuicio de que, vale aclarar, no sólo no hubo pruebas que acreditasen la supuesta infracción a la ley 24.240 sino que además la resolución de la Justicia de Faltas municipal omitió brindar razones lógicas y citar elementos probatorios que en cierta forma avalasen la imposición del tope máximo de multa contemplado por ley.Justicia contenciosa anula multa administrativa por haber violado la Administración la garantía de plazo razonable