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La Sala III de la Cámara de Apelaciones Civil y Comercial de Salta declaró la inconstitucionalidad del requisito de depósito previo de la multa que exige el art. 45 de la ley 24.240 (Def del Consumidor) impuesta por un Organo Administrativo local. En los autos “K., F. vs. SWISS MEDICAL – Recurso de apelación directa”, Expte. Nº 566708/16 la base de la discusión consistió en que la Dirección de Defensa del Consumidor hizo una aplicación estricta al caso del artículo 45 de la Ley 24.240 limitando así el derecho de la Empresa a peticionar a las autoridades, introduciendo limitaciones inexplicables a dicho ejercicio al obligarla a depositar previamente la multa aplicada sin que medie previamente sentencia dictada por un juez integrante del Poder Judicial de la Provincia de Salta.

Justamente el eje de la controversia radicó en analizar si resultaba o no aplicable el principio del “solve et repete”. Se trata entonces de un principio de derecho tributario que establece que cualquier contribuyente que en una controversia tributaria discuta con el Fisco la legalidad y/o exigibilidad de un tributo, previamente debe pagarlo; esto es, por virtud del mismo se condiciona el derecho de acceso de los contribuyentes al órgano judicial, al previo pago de las sumas reclamadas por el organismo de administración física.

¿Por qué? Pues porque la aplicación de esta regla es la de preservar el normal desenvolvimiento de las finanzas públicas, poniéndolas a cubierto de argucias procesales o expedientes dilatorios (doct. SCBA causas B. 55.283, “Pertenecer S.A.”, res. del 14-XII-1993; B. 55.927, “American Express Argentina S.A.”, res. del 6-VI-1995, entre otras).

Hete aquí que ese no era el caso bajo debate. En efecto, la multa aplicada por el Organismo de Defensa del Consumidor no reviste naturaleza “tributaria” en tanto no cabe sostener válidamente que las multas integren los recursos normales del sistema (conf. SCBA causas B. 49.540, “Ancev S.A.”, sent. del 9-V-1989; B. 53.829, res. del 3-XII-1991; conf doct Herrera c. Pcia de Bs.As. acción de Inconst art. 161 Const Pcial. SCBA I 3361. 19/12/12). Ergo, el requisito de “solve et repete” no resultaba aplicable ni exigible. Sin embargo, era necesario que un Juez declare su inconstitucionalidad para el caso concreto a fin de dejarlo sin efecto.

Así, la Cámara Salteña concluyó en que “…el “solve et repete” indudablemente es incompatible con la Convención Americana sobre Derechos Humanos, en razón de que su aplicación sin cortapisas, restringe o acaso impide el libre acceso a la justicia con las debidas garantías que consagra el art. 8º; vulnera el principio de igualdad ante la ley, porque coloca al Fisco en posición exorbitante respecto del contribuyente, a lo que se suma que si éste no tiene recursos económicos, la posibilidad de recurrir le quedaría vedada… debe distinguirse claramente entre lo que es la mera percepción de un tributo, y las sanciones administrativas que se impongan a raíz de su indebida percepción o de las faltas en que hubiere incurrido el contribuyente, dado que esas sanciones si bien son ejecutables por el Fisco, no forman parte del hecho imponible. Ergo, exigir el pago previo de las mismas, como condición habilitante de la instancia jurisdiccional, implica vulnerar las garantías del debido proceso antes señaladas, pues el fin perseguido por las normas locales que regulan el “solve et repete” (asegurar la regularidad del giro fiscal) no encuentra un medio adecuado en este tipo de restricción al acceso a la justicia.