Los procesos judiciales consistentes en reclamos por incumplimientos de disposiciones legales sobre derecho del consumidor se encuentran actualmente atravesados por cambios sustanciales en la región, fundamentalmente a partir de la iniciativa llamada “Plan Oralidad”, desarrollada a instancia de la Suprema Corte Provincial y el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación.

El artículo 53 de ley 24.240 y el Art. 23 de la ley 13.133 determinan, en su generalidad, que los procesos que inicien los consumidores o usuarios en protección de sus derechos, deberán tramitar por la vía de conocimiento más abreviada contemplada en la jurisdicción local, salvo que el juez interviniente considere necesario un trámite de conocimiento más eficaz. Asimismo, desde el mes de agosto de 2016, comenzó a implementarse este programa en los procesos civiles, como una nueva modalidad de gestión, en pos de la celeridad en el procedimiento judicial y de reducir significativamente su duración.

Lo novedoso incide en la unificación de la producción probatoria en una audiencia única (nombrada como "audiencia de vista de causa" ya en algunas resoluciones judiciales emitidas en órganos de primera instancia), donde también se pueden tratar cuestiones incidentales que influyan sobre el litigio. Así, en algunos casos que presenciamos, los letrados de ambas partes perciben oralmente la opinión de la autoridad judicial sobre la admisión o rechazo de los medios probatorios señalados en los actos postulatorios y, en otros, se concentran los testimonios considerados útiles para dilucidar las cuestiones que se ventilan, sin dar lugar a mayores dilaciones innecesarias de orden accesorio.

Por ello, teniendo en cuenta la inmediatez que propicia la oralidad, y en un camino todavía en tránsito para los operadores jurídicos participantes, surge un nuevo panorama procesal que permite una intervención judicial más cercana a los litigantes, que puede abrir un debate sobre cambios legislativos quizás no muy lejanos sobre la normativa ritual provincial.